Fabiana Ríos dio un panorama de la situación de la provincia que recibió hace casi un mes, y comenzó su discurso con una dura crítica que apuntó al Gobierno de Cóccaro. “La corrupción erosiona al Estado y genera una crisis que afecta la vida cotidiana del pueblo. Sé que no les digo nada nuevo”, dijo, introduciendo así la extensa enumeración de lo actuado por la última gestión, y sobre lo cual Ríos fundamenta en un todo a la actual crisis económica.
Calificó a la situación como “una de las peores que registra la historia provincial”, pero se encargó de dejar a salvo al atento Gobierno Nacional, de quien ansiosamente espera los fondos prometidos, al distinguir que lo es “a contramano del proceso de crecimiento que experimenta la Nación”.
Ríos habló de “años de desmanejo y de desguace del Estado”, y se refirió con precisión al período de transición del mando, utilizado “para saquear fondos públicos o para tomar decisiones con el único fin de comprometer al Gobierno entrante”.
Cuestionó a la gestión anterior porque “tomaron medidas para complicarnos y lo lograron, la verdad que en eso fueron eficientes”. Mencionó el “terrorismo administrativo” que desplegaron “para minar nuestra gestión”.
Dijo que la administración anterior, pese a contar con un presupuesto anual promedio de 1200 millones de pesos, “no hizo una sola obra pública con recursos propios”, pero generó un déficit mensual de 53 millones y dejó una deuda flotante de 300 millones.
Señaló que tomó las riendas del Gobierno “con las cuentas vaciadas, demandas insatisfechas, incendios administrativos generados intencionalmente, designaciones masivas, sin dinero para el pago de sueldos y aguinaldos y con el pueblo con la paciencia agotada”.
“El ex gobernador erogó 70 millones de pesos en Letras de Tesorería para atender la deuda que él generó”, denunció, y agregó que “comprometió recursos firmando nuevos adicionales salariales”, a pagar en enero.
No evitó culpar a Cóccaro por el desabastecimiento de comedores escolares y hospitales, por la falta de pago del subsidio al gas envasado y hasta por el combustible para el parque automotor oficial. Le enrostró el inminente desalojo de inmuebles en los que funcionan reparticiones públicas por demoras en el pago de alquiler, edificios escolares en pésimas condiciones, desaparición de expedientes con órdenes de pago emitidas y millones de pesos de programas nacionales “que se perdieron por falta de gestión”.
Pero reflejó que en el primer semestre de 2007 el Gobierno anterior contrató más de 3 millones en publicidad.
Habló de perjuicio fiscal en expedientes de Obras Públicas, del pago de montos millonarios de anticipos de obras no iniciadas, de la deuda con proveedores de los hospitales, de la interrupción del servicio aéreo para derivaciones sanitarias y de la implementación de “políticas fragmentarias y clientelares, con un fuerte aumento de la asistencia en épocas de campaña electoral” en Desarrollo Social.
Como cierre de su singular mensaje a Cóccaro, consideró que el pago de salarios “se financió con incumplimientos a los municipios y hacia la seguridad social con la parálisis absoluta de las prestaciones del Estado, con la apropiación de fondos que no le pertenecían al gobierno central, con la falta de gas de los sectores más humildes”.
La tarifaria
La Mandataria hizo un paréntesis y colocó allí la necesidad de aumentar la recaudación propia, y en ese sentido aludió al proyecto de ley Tarifaria que debate la Legislatura que establece “una real justicia tributaria al gravar las actividades que más ganancias tuvieron en los últimos años y que pagaban muy poco o directamente no tributaban” según apreció.
Como es sabido, el proyecto no despierta simpatías en los bloques opositores, sobre todo por la actitud del ARI de tratar de imponer sin debate el mismo. Ríos apenas dedicó un párrafo para acariciar a los parlamentarios opositores: “Confiamos en que los legisladores de la oposición acompañarán responsablemente el cambio otorgándonos esta valiosa herramienta legislativa” dijo.