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Investigan a Apple por “obsolescencia programada”

Aseguran que a través de actualizaciones de software relentizan los modelos más viejos de "iPhone" para así acelerar el cambio de modelo.  La obsolescencia programada en Francia es ilegal.

Desde hace semanas sobrevuela la noticia de que los “viejos” telefonos iPhones estaría sufriendo relentización en su funcionamiento, y el único señalado por los usuarios y por los especialistas es Apple.

Por este motivo,  es que desde la justicia francesa se abrió una investigación por presunta “obsolescencia programada”, en donde también se está sumando a otro gigante tecnológico, como lo es la fabricante de impresoras Epson.

“Obsolescencia programada” y “engaño”, son los motivos de la investigación que inició el 5 de enero pasado en la justicia gala.

La investigación, confiada a los servicios de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), llega tras la denuncia presentada por la asociación francesa Halte à l’obsolescence programmée (HOP, ‘Alto a la obsolescencia programada’).

Según la denuncia, HOP considera que Apple, a través del sistema de actualización de sus iPhone, reduce adrede su rendimiento y su duración, con el fin de acelerar su reemplazo.

“Apple estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas”, afirma la asociación.

El lunes, HOP celebró “la valiente decisión del fiscal de la República”. “Se trata del primer procedimiento penal en el mundo contra la empresa, sobre el fundamento de la obsolescencia programada”, afirma a la AFP Emile Meunier, abogado de la asociación.

Según informó AFP, se trata de la segunda investigación de este tipo en Francia después de la que se abrió en Nanterre, en las afueras de París, contra el fabricante japonés de impresoras Epson por las mismas sospechas.

Según HOP, Epson, entre otras compañías, utiliza “técnicas” para obligar a los consumidores a volver a comprar cartuchos de tinta.

 

“2600 testimonios”

Para la asociación HOP, la empresa californiana puede ser demandada por los teléfonos que vendió en Francia desde la promulgación de la ley de transición energética, el 17 de agosto de 2015, que introdujo el delito de obsolescencia programada en el Derecho francés.

Según el código de consumo, el delito puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel y una multa de hasta el 5% de los ingresos medios anuales.