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Es Juez y colaboró con una red de trata, pero seguirá en su cargo

El juez Federal santacruceño Mario Reynaldi sólo sufrirá una leve sanción económica y no tendrá juicio político, aunque se comprobó su relación con una red de trata.

El Consejo de la Magistratura sancionó al juez Mario Reynaldi con un descuento del 30 por ciento de su salario, al fracasar por falta de número el pedido de juicio político, tras ser acusado de encubrir una red de trata en Santa Cruz.

La sanción a Reynaldi se debió a “haberse interesado y gestionado, de modo indebido, asuntos de terceros”. Él mismo reconoció haber aportado información al ex policía Horario Herrera, imputado en una causa por el delito de trata de personas, en relación a un trámite en la Aduana de Río Gallegos, además de gestionar cuestiones relaciones con el divorcio, tenencia de hijos y juicio de alimentos, suscitado entre el ex comisario y su esposa.

La multa resultó aprobada este jueves durante la reunión del Plenario en la que el dictamen obtuvo once votos afirmativos. El dictamen le imputó una falta menor por haber violado un artículo del Reglamento para la Justicia Nacional, que “impide a magistrados, funcionarios y empleados, interesarse o gestionar asuntos de terceros, salvo los supuestos de representación necesaria, que aquí no se han alegado ni se verifican”.

“Su conducta excedió considerablemente el marco de libertad del que disponen los jueces, como ciudadanos, para ayudar a terceros”, concluyó el dictamen impulsado por los consejeros en representación de los jueces del Poder Judicial de la Nación, Leónidas Moldes y Luis María Cabral.

De esta manera, el Consejo dio por terminado el proceso contra el magistrado, que se inició por la presentación del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, quien denunció la presunta relación entre el magistrado y ex comisario santacruceño.

La Comisión de Disciplina y Acusación votó a favor del jury, pero la propuesta sería rechazada por el Plenario ante la negativa de los integrantes del estamento de los magistrados, quienes pidieron una sanción económica y argumentaron que la prueba colectada a lo largo de la instrucción “no alcanza” para la promoción de juicio político.

 

La acusación

La acusación se centró en una serie de escuchas telefónicas entre el magistrado y el comisario retirado, cuyo teléfono estaba intervenido por la investigación judicial. Concretamente, el juez mantuvo con Herrera un total de 71 llamadas y 32 mensajes de texto durante un periodo de tres meses.

El fiscal aseguró que Reynaldi “no sólo ha mantenido una fluida comunicación con una persona imputada por el delito de trata de personas”, sino que “tenía conocimiento de la actividad desarrollada”.

La denuncia, recayó en la consejera Adriana Donato, quien solicitó la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Reynaldi.

Donato tuvo por acreditada la relación de “amistad” entre Reynaldi y Herrera, al igual que el “asiduo intercambio telefónico” y “contacto habitual” entre ambos en plena época de la investigación.

“Resulta necesario resaltar la actitud de Reynaldi de haber mantenido contacto permanente con quien se encontraba imputado en una causa penal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, a sabiendas de ello, afectándose así la investidura y decoro de sus funciones”, señaló el dictamen.

La Comisión de Disciplina y Acusación votó a favor del jury, pero la propuesta fue rechazada por el Plenario ante la negativa de los integrantes del estamento de los magistrados, quienes pidieron una sanción económica y argumentaron que la prueba colectada a lo largo de la instrucción “no alcanza” para la promoción de juicio político.

 

(Fuente: Diario Judicial)