El secretario general de los judiciales, Julio Piumato, uno de los sindicalistas que respaldó la candidatura del hoy presidente Mauricio Macri, resolvió con su acostumbrada forma inconsulta la medida de fuerza con cuyas razones y motivos cada trabajador judicial está de acuerdo: “Contra la reforma previsional; contra el impuesto al trabajo; contra los ataques al Poder Judicial; contra el traspaso, por nuestros derechos; por el tercer tramo del aumento salarial. En resumen: “por una Reforma Judicial que mejore nuestras condiciones de trabajo, el servicio de justicia y garantice la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”.
El gobierno nacional ha decidido avanzar sobre los derechos de los trabajadores, también de los judiciales. Y apeló para ello a todo el marketing y las invocaciones tribuneras que tan buenos resultados les ha dado para mantenerse y consolidarse en el poder. El presidente Macri bate el parche sobre supuestos salarios exageradamente altos, 45 días de vacaciones, la falacia sobre el impuesto a las ganancias, el supuesto horario acotado de trabajo. Miente, sabiendo que lo hace, y aprovecha que una parte de la sociedad está dispuesta a escucharlo, a creerle y a coincidir.
La conducción de la UEJN, por acción o por omisión, es funcional a esa embestida contra el Poder Judicial. La medida de fuerza convocada para el viernes de la semana próxima debió haber surgido de un debate integral y participativo con las bases, con los trabajadores de todos los fueros. Pero en ese escenario, Piumato debió haber hecho, antes que nada, un mea culpa, un reconocimiento explícito de su contribución a que Cambiemos llegara al poder para avasallar los derechos laborales de los judiciales.
No hubiera podido hacerlo, ciertamente. Piumato es un señor grande, con mucha historia y sabe (lo supo siempre) que esto que está ocurriendo era inevitable bajo el signo político que ganó las elecciones de 2015. Piumato no es ingenuo, ni fue engañado en su buena fe.
Su cercanía con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (otro de los que hacen equilibrio entre la balacera) lo condiciona tanto como los favores personales recibidos y la aproximación al gobierno, de la que ahora reniega con la misma convicción con que antes apoyó. Cierto es que el estatuto faculta al secretario general y a su comisión directiva a decretar las medidas de fuerza, pero en tiempos en que arrecian la incertidumbre y se reproducen los rumores sobre los alcances del ajuste, la receta debió haber sido una convocatoria generosa y abierta a todos los sectores del gremio, especialmente a aquellos que no lo adulan y le dicen a todo que sí. El paro debió surgir de consensos con el cuerpo de delegados, de asambleas en los lugares de trabajo. No fue así; casi nunca es así.
Piumato está avalando, más allá del discurso, una reforma judicial que persigue dos objetivos: el ajuste y la búsqueda de la impunidad a futuro. En su alianza con Lorenzetti supone que juega codo a codo con el presidente de la Corte “contra” la injerencia del Poder Ejecutivo. En realidad, el escenario que se plantea es bien diferente.
La propia Corte emitió hoy una muestra homeopática de lo que se viene: mediante la resolución 3659, estableció el doble turno en el Poder Judicial de Tucumán. La Cámara Federal tucumana se convirtió así en la cabecera de playa del Ejecutivo en la Justicia, y ya extendió el horario de atención al público hasta las 18, sin que ello les reporte nada en términos concretos a los trabajadores. La Corte lo autorizó, haciendo uso de su facultad de modificar los horarios y también la feria judicial, pues dicta sus propios reglamentos. Quien puede lo más, puede lo menos.
En lugar de aliarse para defender una pequeña porción de poder, Piumato debería exigirle a la Corte que haga respetar la independencia del Poder Judicial. Y en ese reclamo, Lorenzetti debería ser su aliado natural.
Comentarios