Una dura polémica se espera para este viernes en el Concejo Deliberante de Río Grande cuando el cuerpo de ediles deba aprobar por votación las designaciones propuestas para cubrir cargos en el Tribunal de Cuentas Municipal, en cumplimiento de lo dictado por la Carta Orgánica.
Los tres nuevos vocales deben ser sometidos a votación, en base a propuestas de la primera y segunda minoría y del Ejecutivo, respectivamente. La primera nominación corresponde a la edil Laura Colazo (Partido Verde) quien postuló al contador manfredottista Rafael Pereyra Ramos. La segunda propuesta –del concejal Alejandro Nogar- recayó en el abogado del foro local Pedro Fernández, en tanto que el Ejecutivo ratificó la confianza en el actual Vocal Claudio Iommi.
Ningún obstáculo parece haber para aprobar los dos últimos, pero el caso de Pereyra Ramos parece estar plagado de inconvenientes y, de hecho, no llegaría a contar con los votos necesarios para superar la elección. Con el agravante de que quien lo propuso, la concejal Colazo no está en la provincia, no ocupará su banca durante la sesión y en virtud de ello no hará uso de su derecho a argumentar en favor de su candidato.
En cuanto a las objeciones, los antecedentes de Pereyra Ramos no parecen compadecerse con las expectativas de quienes tienen que votarlo. Desde que se conoció su postulación para Vocal del Tribunal de Cuentas salieron a la luz hechos que, si bien no se hallan documentados por diversas razones y no lo complican desde lo jurídico, serían más que suficientes (a juicio de varios de los ediles) para rechazar el nombre.
“No hay necesidad de argumentar el voto positivo o negativo, por lo que estamos en libertad de decidir aunque no haya reparos legales”, aclaró una edil que ya habría asegurado su rechazo a la postulación del mediático contador.
Entre otros datos de los antecedentes del síndico de la tormentosa gestión Manfredotti-Gallo en el PJ, surge el testimonio de Margarita Vega, una ex concejal de Tolhuin que afirma haber presentado en el Juzgado de Instrucción de Río Grande una denuncia que involucraría a Pereyra Ramos. Los hechos sucedieron en el año 2001, en medio de la discusión por el Presupuesto de la pequeña comuna que conducía por entonces el casi olvidado pero siempre poderoso Milín Fernández.
La denuncia, según el testimonio de la exconcejal, iba acompañada de un audio donde habían quedado registradas al menos dos comprometedoras conversaciones telefónicas. A casi 17 años de aquello nada se sabe de la causa judicial, excepto que se tomaron declaraciones (con resultado incierto) y que el fiscal actuante era el mismo que acompañaba al mismo exvicegobernador Gallo durante la represión en el Hospital de Río Grande.
Pese a todo, el mismo contador ahora cuestionado, cumplió luego tareas de perito contable en el Poder Judicial. Concejales que, por ahora, pidieron reserva de su nombre, afirman que están efectuando averiguaciones respecto de cómo terminó abruptamente su gestión, “en un contexto de hechos que el mismo Poder Judicial se encargó de silenciar rotundamente”, aseveran.
Una opinión que no pasó al olvido
Sin embargo, la objeción clave para frenar el nombramiento de Pereyra Ramos como Vocal del Tribunal de Cuentas no tiene un cariz legal sino ético. Su enemistad con varios de los ediles actuales es manifiesta y lo haría incompatible (más allá de lo legal) con el rol de vigilador y auditor de la gestión de los funcionarios.
Tal encono quedó explícito en las redes sociales: los concejales no olvidan que en febrero de 2016 Pereyra Ramos (asiduo redactor de columnas de opinión política en medios gráficos) escribió en su Facebook personal palabras que ellos consideran de subido tono ofensivo contra los ediles que frenaron la elección de Raúl Von Der Thusen como presidente del cuerpo.
“Alguien que ha opinado de esa manera de nosotros no está habilitado para auditar nuestra gestión” argumentaron, adelantando un voto negativo que, de todas maneras, será el eje de una polémica inevitable.
Comentarios