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Aduaneros chilenos levantaron las medidas de fuerza en la frontera

A través de un comunicado, desde ANFACH señalaron que queda suspendido el "trabajo a reglamento" que habían comenzado el lunes. Fue una muestra de buena voluntad, luego de que el Gobierno los citara para negociar.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana de Chile (ANFACH) resolvió suspender el estado de alerta y movilización en que se encontraban los aduaneros chilenos desde ayer lunes, a raíz de un extenso conflicto que mantienen con el Gobierno del país vecino.

A través de un comunicado, los aduaneros señalaron que decidieron levantar las medidas de fuerza, que hasta ahora consistían en trabajar a “reglamento”, como muestra de “buena voluntad”, luego de que representantes del Gobierno chileno los convocaran a una reunión para el próximo miércoles.

Sin embargo, los titulares de ANFACH solicitaron seguir con atención los resultados de la negociación, ya que en caso de que no haya acuerdo se mantiene la intención de realizar un paro por tiempo indeterminado a partir del próximo lunes.

Las demandas de los aduaneros chilenos

Dentro de las demandas de los funcionarios del servicio Nacional de Aduanas adheridos a la Anfach, piden que se cumpla con el acuerdo pactado en noviembre de este año, donde el gobierno se habría comprometido en temas de pensiones de retiro para unos 200 trabajadores de todo el país.

Se cita que muchos de los aspirantes a retiro son de Punta Arenas, Chacabuco, Puerto Montt, Iquique y Antofagasta, quienes habrían quedado fuera del beneficio, tras la modernización portuaria ley 19.542 realizada en 1997, donde debido a la ausencia de privados que licitaran estos puertos, quedaron fuera de los beneficios de la modernización donde solo pueden recibir dicho beneficio los trabajadores de los puertos de Valparaíso, San Vicente y San Antonio entre otros, en estos últimos citados los trabajadores mayores de edad si pueden acogerse al beneficio.

Mientras que otro punto de las demandas tiene relación con la nula inversión por parte del Estado en dichos terminales en los últimos 17 años, lo que genera condiciones adversas al trabajo que los funcionarios realizan.