La Justicia recibió este viernes una denuncia contra ocho senadores nacionales opositores por el supuesto delito de «sedición» a raíz de haber firmado un «compromiso público» para no cubrir la vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta después de las elecciones presidenciales del 2015.
La denuncia quedó a cargo de la jueza federal porteña María Servini de Cubría, quien ahora pedirá opinión a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar la investigación, según informaron fuentes judiciales.
El letrado acusa a los senadores, entre los que se encuentra el integrante de la bancada del MPF Jorge Garramuño, por el delito previsto y reprimido en el segundo párrafo del artículo 230 del Código Penal que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quienes «se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales».
En una presentación de cinco carillas, Barcesat sostiene que «ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional» de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Zaffaroni.
En efecto, el magistrado dejará su cargo en diciembre por lo que la Corte quedará con cuatro miembros, cuando la ley exige cinco. Ante esta situación, el kirchnerismo confirmó que buscará designar su reemplazo pero la oposición promete no ayudarlo: como el oficialismo no reúne los dos tercios necesarios en el Senado para designar un nuevo juez, la resistencia opositora hará que el cargo quede vacante. Para el arco opositor, el nuevo juez debe ser designado por el próximo gobierno.
Barcesat entiende que se está frente a un «alzamiento público para impedir la ejecución de leyes nacionales» y sostiene que «no hay ningún espacio en la dogmática jurídica que pueda dar sustento al obrar descripto» ya que «las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal».
El abogado añade que «la conducta denunciada es igualmente lesiva de las disposiciones que conforman el carácter representativo» del gobierno federal y «denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático».
«Nadie que, en papel milimetrado, se hubiese propuesto diseñar un acto afectatorio de la institucionalidad podría haber superado el oprobio de este obrar», enfatiza al tiempo que añade que «peor aún, intenta oscurecer el carácter delictivo del obrar con la falsa invocación de proteger la independencia del Poder Judicial de la Nación».
Firme negativa
Minutos antes de que se votara la reforma del Código Procesal Penal en la Cámara alta, los senadores de la oposición realizaron una conferencia de prensa para expresar la decisión de suscribir a un acuerdo en donde manifiestan su negativa a aprobar cualquier solicitud por parte del Poder Ejecutivo para la designación de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El senador radical Rubén Giustiniani dio a conocer la solicitud, que expresa lo siguiente: “Los abajo firmantes, senadores de la Nación comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial, suscribimos el presente instrumento comprometiéndonos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia hasta tanto finalice el próximo proceso electoral, en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación, que renovaran parcialmente ambas Cámaras del Congreso de la Nación”.
El documento fue firmado por todos los bloques de la UCR, Peronismo Federal, Frente Cívico de la Provincia de Córdoba, Unión Pro, Partido Socialista, entre otros; suman 29 senadores, lo que significa que “hay más de un tercio del mismo que están suscribiendo a esta declaración”.
Desde el bloque de la UCR, el senador Morales dijo que van a “rechazar el tratamiento de cualquier tipo de propuesta que realice el Ejecutivo Nacional, hasta tanto se realice las elecciones”. Calificó esta declaración como “una decisión política que cuenta con el número necesario que va a echar por tierra cualquier intento que pueda realizar el Poder Ejecutivo”.
La senadora Gabriela Michetti recordó aquel intento del Ejecutivo de reformar la Constitución Nacional en el 2013 y manifestó que “más de un tercio de los senadores frenaron las potenciales iniciativas del gobierno”. De igual forma, el acuerdo de los senadores de la oposición es “frenar el nombramiento de jueces porque es una materia muy trascendente y el gobierno no nos da confianza”.
Por su parte, la senadora Laura Negre de Alonso ratificó la decisión del bloque del Peronismo Federal, de “no apoyar los dos tercios necesarios para designar ningún miembro de la Corte hasta que no esté el nuevo gobierno” y agregó que la Corte “puede funcionar correctamente con cuatro miembros”.
“Nos pusimos de acuerdo en un tema y hemos decidido actuar de esta manera porque sin nuestros votos no hay nombramientos”, expresó Negre de Alonso.
“Habría problemas si no hubiera miembros que puedan llegar a dar quórum”, explicó Giustiniani.
Ante el cuestionamiento por el funcionamiento de la Corte Suprema, dijo que “no paraliza la actuación de la Corte” y agregó que “ante la actitud del gobierno de querer llevarse todo puesto como en el control de la justicia al no querer modificar el Ministerio Público Fiscal creemos que es oportuno esperar”, explicó el senador radical.
“En lugar de poner a favor de los ciudadanos de modificar el sistema inquisitivo por uno acusatorio la está utilizando para nombrar 1700 cargos oficiales que son de su pertenecía, de su sector” y agregó que el gobierno “se come la justicia con su facción partidaria”, concluyó Michetti.
A su turno, el senador Fernando “Pino” Solanas del Frente Amplio Unen expresó su disconformidad ante el intento “no casual” del gobierno en “introducir una reforma que surge de crear un pacto de impunidad de los grandes delitos cometidos contra el patrimonio público”.
Finalmente, manifestó que el Ejecutivo pretende “imponer una mafiosidad y una cartelización de toda la administración de la obra pública, que agarra en la telaraña a los altos funcionarios del actual gobierno”.
Al respecto la aenadora nacional por Chubut Graciela Di Perna mostró satisfacción con el escrito y señaló que “llegamos a un consenso para trabajar el tema con el próximo gobierno”. Agregó que “con el resto de las bancadas no kirchneristas firmamos un documento para no permitir que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda reemplazar al ministro Eugenio Zaffaroni, quien dejará la Corte Suprema de Justicia el 31 de diciembre y debe ser sustituido para que el tribunal se mantenga integrado por cinco miembros, número establecido por ley”.
Di Perna sostuvo que la posición de los firmantes es la de “que los miembros que faltan para integrar la Corte se designen con el nuevo gobierno”.
La nota fue suscripta por los senadores Gerardo Morales; Ernesto Sanz; Eugenio Artaza; Luis Naidenoff; Silvia Elías de Perez; Alfredo Martínez; Mario Cimadevilla; Juan Carlos Marino; Ángel Rozas; Laura Montero y Marta Borello (UCR); Oscar Castillo y Blanca Monllau (Frente Cívico de Catamarca); Guillermo Pereira (MPN); Gabriela Michetti; Alfredo De Angeli; y Diego Santilli (Pro); Rubén Giustiniani; Jaime Linares; Magdalena Odarda; Luis Juez; Fernando Solanas; y Norma Morandini (interbloque FAP-Unen-CC-ARI); Lliliana Negre de Alonso; Juan Carlos Romero; Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo (quienes agregarán su firma próximamente), del interbloque PJ Federal.
También suscribieron Carlos Reutemann (Alianza Santa Fe Federal), Graciela Di Perna (Trabajo y Dignidad) y Jorge Garramuño (MoPoF).
(Fuentes: minutouno.com/parlamentario.com.ar)
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