Llega a su etapa final el juicio contra la ex funcionaria kirchnerista María Adela Calchaquí. En su alegato, el fiscal Guillermo Quadrini solicitó que se condene a la ex diputada nacional a la pena de 3 años en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusa de haber presentado un certificado de estudios falsificado, gracias al cual percibió durante más de 17 años un suplemento salarial que no le correspondía.
Quadrini basó la acusación en las pruebas obrantes en la causa y el testimonio de la ex subdirectora de Recursos Humanos Stella Maris González quien, en una exposición sólida y convincente, describió cómo se llegó a comprobar sin lugar a dudas que el certificado de estudios secundarios presentado por la acusada carecía de autenticidad.
Al ingresar al Estado Provincial como agente del área de Acción Social de Río Grande, en abril de 1990, Calchaquí declaró que había cursado los estudios medios en la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera (de la ciudad de Córdoba) y aportó para respaldarse, un certificado de estudios cursados que a la postre se comprobó había sido fraguado.
En efecto, al ser consultados las autordades escolares, informaron que la ahora imputada no figuraba entre los egresados de la institución. Que había cursado en 1981 el primer año de Bachiller, adeudando la materia Matemáticas. Y que dos años después comenzó a cursar el segundo año, pero quedó libre por inasistencias y nunca más regresó al establecimiento.
De tal modo, Gonzalez declaró que, ante la novedad, se decidió a informar a las areas competentes del gobierno para que se iniciaran las acciones legales correspondientes.
Poco después (aunque no supo precisar la fecha), González declara que recibió una llamada telefónica de la propia Calchaquí, quien le rogó que retirara el documento cuestionado del legajo personal, («que hiciera algo para que se perdiera», recordó) porque la existencia de ese documento fraguado la estaba perjudicando.
La ex subdirectora de Recursos Humanos recordó que su respuesta había sido rotundamente negativa, a pesar de que Calchaquí le rogó que «le hiciera el favor» porque había cometido un error en sus tiempos de juventud y mientras tenía un hijo que mantener.
Por tratarse de una comunicación telefónica, González no pudo afirmar con seguridad que su interlocutora fuera quien estaba en el banquillo de los acusados, aunque el Fiscal informó que la empresa prestadora del servicio de telefonía celular había reportado que la línea desde la cual se hizo tal llamada estaba registrado a nombre de María Adela Calchaquí.
Finalmente, El Fiscal descartó cualquier tipo de ardid o complot para perjudicar a la acusada mediante la alteración de su legajo y solictó 3 años de prisión en sus`penso como condena, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La defensa, a su vez, exigió la absolución de la acusada, por considerar que el papel cuestionado no constituye un documento oficial de carácter público y porque no ha existido daño al erario en virtud de que Calchaquí reintegró a las cajas fiscales el dinero mal percibido. Se basa para ello en un acuerdo firmado entre la supuesta estafadora y el gobierno de Fabiana Ríos, por el cual se estableció en la suma de $65.960,26 lo abonado de más y se convino en que no habría más reclamos que impulsar, después de efectivizado el reintegro de la suma reclamada.
El veredicto de los jueces se dará a conocer este viernes después de las 9 horas.
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