El Ministerio Público Fiscal de Neuquén reconocerá la normativa de la justicia indígena para resolver algunos conflictos penales dentro de seis comunidades mapuches, según quedó plasmado en la ‘Declaración de Pulmarí’ firmada ayer en la localidad de Aluminé, a 350 kilómetros de la ciudad de Neuquén.
«Hoy es un día histórico», afirmó el fiscal general José Gerez, quien aseguró que es «una experiencia única en el país» que implica «un desafío para poner en valor antiguas costumbres que eran utilizadas para resolver conflictos y recuperar aquellas que se han perdido».
La medida se aplicará cuando el problema ocurra, únicamente, en territorio de las comunidades reconocidas por el Estado e involucre sólo a sus miembros.
Además, el caso no debe afectar el interés público, esto es por ejemplo, cuando se trate de un homicidio o delitos contra la integridad sexual.
En tanto, la sanción tendrá que respetar los derechos humanos y la situación deberá ser resuelta por una autoridad legitimada por las comunidades. Por lo tanto, los delitos que podrían resolverse por esta vía son robo simple, hurto, amenaza o lesiones leves, entre otros.
Los fiscales podrán prescindir de impulsar la acción penal si quienes están involucrados arriban a un solución consensuada y avalada por las autoridades de las comunidades a las que pertenecen.
En principio, la medida se aplicará en el territorio de Pulmarí habitado por las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel, Ñorquinco y Hienguihual.
El acuerdo lo firmaron el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), integrada por el Estado nacional, provincial y miembros de comunidades mapuches y el fiscal Gerez.
Alberto Moreno, presidente de la CIP, resaltó que «esta iniciativa es muy importante para resolver conflictos que se dan acá y con el menor costo social, porque siempre que hay conflictos existe costo social».
Por su parte, Ricardo Mendaña, presidente del Consejo de Vigilancia de la Corporación, indicó que el acuerdo «implica reconocer la necesidad de un diálogo entre dos culturas».
En el documento se estableció el compromiso de «reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente».
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