La detención de dos médicos por presunta mala praxis en la capital de La Rioja generó un gran revuelto en la ciudad, luego de que fueran acusados de homicidio con dolo eventual, a raíz de la muerte de un adolescente en 2010, tras ser operado de apendicitis. Mientras que trabajadores de la salud realizaban esta tarde un paro por la carátula de la causa y marchaban a Tribunales como forma de protesta.
Los imputados son el cirujano Enrique Paliza, detenido el lunes, y el anestesista Jorge Copari, jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Vera Barros, reportaron hoy fuentes judiciales. Y mientras el padre del adolescente muerto denuncia que la muerte de su hijo es parte de una serie de «delitos» que se «cometen de manera organizada«, varias asociaciones de profesionales de La Rioja salieron a solidarizarse con los dos médicos detenidos, que permanecen alojados en la cárcel de esta capital, informó DyN.
Trabajadores de la salud marchaban hoy hacia los Tribunales locales como muestra de su malestar por la carátula de «homicidio con dolo eventual» con que se acusa a sus colegas, y determinaron un paro indeterminado de actividades. Una medida que no sólo realizan médicos hospitales públicos, sino también de otras clínicas privadas, informó el diario local El Independiente.
La detención fue ordenada por el juez penal Mario Martínez en el marco de una causa que investiga la muerte del adolescente Enzo Abel Gallo, de 15 años, ocurrida en setiembre de 2010 en un sanatorio de esta capital, tras una operación de apendicitis.
El padre del adolescente, Alejandro Gallo, dijo que la muerte de su hijo ocurrió a raíz de una mala praxis y manifestó que fue derivado a una clínica privada (para cobrarles dinero), cuando la operación podía haberse practicado en un centro de salud público. «Estos delitos se cometen de manera organizada», advirtió Gallo, y sostuvo que se habría incurrido en el delito de «asociación ilícita».
El caso fue analizado por expertos enviados por el ministerio de Justicia de la Nación a comienzos de 2011 y el padre de la víctima mortal dijo que «varios médicos le mintieron al juez» durante la etapa de instrucción. Además, expresó que se habría «falsificado la historia clínica» de su hijo intentando desvincular a los presuntos responsables de su muerte.
Luego, Gallo sostuvo que cuando el adolescente murió en el sanatorio donde fue intervenido «había como nueve médicos alrededor viendo cómo armaban la historia clínica».
En la causa consta que el 22 de septiembre de 2010 el joven presentó un cuadro de vómitos y dolores en el abdomen, por lo que su padre lo llevó a una clínica privada donde le hicieron pruebas y los médicos plantearon tres diagnósticos: infección urinaria, infección de los ganglios o gastroenteritis.
Entonces, el padre del adolescente lo llevó al Hospital Vera Barros para una nueva consulta y allí volvieron a pedirle estudios, sin hacer referencias al apéndice. En el hospital, según la causa, el cirujano Paliza dijo que el caso era quirúrgico, pero afirmó que la intervención debía realizarse en una clínica privada, donde se le cobraría 3.000 pesos, tal como luego se concretó.
Media hora después de ingresar al quirófano del sanatorio, esa misma tarde, el joven murió por un paro cardiorrespiratorio.
Según la investigación, el anestesista Copari, detenido ayer, habría abandonado su puesto, por lo que no se habría encontrado en el quirófano al momento de la crisis que derivó en la muerte del adolescente.
El abogado de Paliza, Ricardo Ruarte, repudió «totalmente» la disposicón del juez en el auto de procesamiento, medida que consideró un «disparate» ya que «cuanto mucho, puede configurar un homicidio culposo». Además, acusó a los funcionarios judiciales de haber «tramitado de manera ilegal» el expediente, al sostener que los testigos habrían sido «manipulados en fiscalía».
El total de las demandas por mala praxis representa casi el 1 por ciento del gasto total en salud y supera los 1.100 millones de pesos anuales en el país, donde 1 de cada 5 médicos afronta juicio por ese motivo, reportaron entidades médicas en un informe el 2 de septiembre, previo al XIV Congreso Argentino de Salud.