La Secretaría de Comercio del Gobierno de la Provincia impuso una onerosa sanción a la financiera Credisur, consistente en una multa de $5.124.000 pesos por violar derechos del consumidor.
La resolución, fechada el 25 de agosto, dispone la millonaria sanción a la firma Lian Group SRL, conocida por el nombre de fantasía “Credisur” por considerar que ha infringido varios artículos de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor.
La firma tendrá ahora un plazo de cinco días a partir de su notificación, para abonar la sanción impuesta, con una reducción del 50% bajo el carácter de “pago voluntario”. De lo contrario, podrá apelar judicialmente la resolución administrativa, previo depósito del total de la multa impuesta.
Actuación de oficio
La Secretaría de Comercio había intervenido de oficio como autoridad de aplicación de la Ley 24240, a raíz de una causa colectiva iniciada ante la Justicia por un grupo de consumidores, quienes acusaron a la empresa de cobrar intereses usurarios y de haber ejecutado pagarés en blanco por valores muy superiores al monto real adeudado por los tomadores de los créditos, en su mayoría trabajadores del sector estatal, particularmente docentes.
El Área de Comercio aplicó la sanción tras llevar adelante el proceso administrativo, que incluyó el secuestro de legajos, contratos y acuerdos de préstamos entre Credisur y sus clientes.
Anoticiado de la denuncia penal, el secretario de Comercio Javier Calisaya ordenó actuar de oficio, y mandó inspeccionar las oficinas de la entidad en Río Grande y Ushuaia, allanamiento que se cumplió el pasado 19 de julio, con resultados contundentes para la recolección de pruebas que se buscaba.
Razones de la sanción administrativa
La Resolución firmada por Calisaya dictaminó que Credisur infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos.
Una pericia contable del Superior Tribunal de Justicia corroboró que la firma aplicaba tasas de interés usurarias a quienes eran tomadores de sus créditos: 92% en los primeros doce meses, llegando en varios casos al 142% en la cuota 15.
La Secretaría de Comercio detectó también que no se entregaron a los consumidores las respectivas copias de todos los formularios y contratos firmados, y que en muchos casos, los mismos estaban en poder de la empresa.
También se obligaba por contrato a los trabajadores estatales que tomaban créditos, a renunciar a derechos como el de la inembargabilidad de sus haberes.
La sanción a la financiera Credisur, impuesta por el Gobierno provincial, tuvo en cuenta además los beneficios económicos que la firma obtuvo cometiendo estas infracciones a la Ley.
En su resolución, y en aras de dimensionar el daño causado y la pertinente sanción, Calisaya remarca que “Las vulneraciones de los derechos de los consumidores fue realizada de manera reiterada y deliberada”, evidenciando un proceder irregular standarizado, regular y repetido en todos los casos.
Le reprocha, además, a Credisur, “Aprovecharse de su posición notoriamente superior respecto del consumidor que se encontraba en situación de vulnerabilidad”, imponiendo en la contratación cláusulas que la secretaría considera ilegales.
Un giro comercial asombroso
Los estudios técnicos realizados a pedido de la Justicia Penal y de los que abreva el dictamen de la secretaría de Comercio, mensuran la gigantesca operatoria de la entidad, que suscribió 1.916 contratos de mutuos en Río Grande y Ushuaia, por un valor global de $ 66.775.714,74 en 2014, mientras que en 2015 se otorgaron 1.924 créditos por un valor total de $65.656.768,07
La firma Lian SRL- Credisur tienen entre sus socios propietarios a los abogados Juan y Néstor Sánchez Otharán, vinculados al SUTEF no solo como asesores letrados –nexo que decidieron romper inmediatamente de conocidas las primeras denuncias penales- sino además a través de un convenio que la firma suscribió con el sindicato liderado por Horacio Catena, para otorgar créditos “en condiciones ventajosas” a los afiliados docentes que finalmente se consideraron estafados y así lo denunciaron en la Justicia..
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